La ciudadanía española pagara a través del aumento previsto de IVA parte de los 100.000 millones de euros que costará el saneamiento de la banca española. Y es que el aumento de la fiscalidad para los colectivos que tienen menos ingresos es una de las condiciones que ha impuesto el gobierno alemán para liberar los 100.000 millones necesarios para rescatar a la banca.
Los contribuyentes no serán los únicos en pagar los platos rotos de la mala gestión bancaria. La Unión Europea también obligará a los bancos que reciban parte de esos 100.000 millones a vender activos y a imponer pérdidas a sus accionistas.
Incluso el Banco de España pierde. A partir de ahora la entidad encargada de vigilar a los bancos en España queda bajo la tutela del Banco Central Europeo (BCE).
La Unión Europea encarga al Banco de España poner en marcha un examen interno para identificar los problemas más gravés del sistema financiero antes del final de octubre de 2012, en especial en los cuerpos de inspectores encargados de evaluar “las vulnerabilidades y el riesgo". Además, el memorándum obliga a aprobar la legislación de protección del consumidor para evitar los productos que no están bajo el paraguas del Fondo de Garantía de Depósitos.
Tras ese informe, la UE clasificará a las entidades financieras españolas en cuatro grupos. En el grupo 0 estarán las entidades sanas, las que no necesiten ayuda. En el grupo 1 estarán las entidades nacionalizadas. En el grupo 2 estarán las entidades que suspendan las pruebas de resistencia y no sean capaces de captar fondos por sí mismas. El grupo 3 será para los bancos y cajas que suspendan pero tengan planes de recapitalización creíbles sin ayuda estatal.
Lo que no aclaran las autoridades europeas es cómo recuperarán los y las contribuyentes el dinero que ahora deben entregar a través de IVA para colaborar en la financiación del rescate de la banca española. De eso no dicen ni una palabra.
