El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha logrado ya cerrar un pacto con la Comisión Europea y los asociados de Gobierno de Unidas Podemos sobre la última fase de la reforma de las pensiones. El primer encuentro con los agentes sociales, festejado este viernes, ha dejado a los sindicatos a un paso de sumarse a la fórmula propuesta, mas a la patronal completamente en contra de que una buena parte del esmero para acrecentar la colecta recaiga en las compañías. Y con poco margen a fin de que, en la nueva asamblea fijada para el primer día de la semana, cambie substancialmente su postura.
La reforma pendiente, que versa sobre la sostenibilidad del sistema, está vinculada al futuro cuarto desembolso de fondos europeos (diez millones de euros) y ha debido enfrentarse al reto de presentar un esquema razonable y verosímil a fin de que el sistema sea al tiempo absolutamente sustentable y sostenga el poder adquisitivo de las pensiones.
De entrada, la propuesta va a deber financiar las pensiones de la generación del ‘baby boom’, los nacidos en la década de los sesenta y setenta del pasado siglo, que significó un esencial salto demográfico. Para hacer sustentable este sobrecoste la propuesta incluye 5 mecanismos para ampliar la colecta hasta en quince millones de euros al año, que supondría ampliar el gasto destinado a pensiones del presente doce por ciento del PIB al quince con cinco por ciento en dos mil cincuenta.
El primero de ellos es el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que ha reemplazado el llamado factor de sostenibilidad que aprobó el PP en dos mil trece y que ya se ha derogado. El MEI, que ha entrado en vigor este año, acrecentaría la sobrecotización del cero con seis por ciento al cargo de la compañía a un 1 por ciento al cargo de esta y un cero con dos por ciento al cargo de trabajador, y amplía su vigencia de dos mil treinta y dos, como solicitaba Bruselas, a 2050; los ingresos que llegan por esta vía van destinados a alimentar el Fondo de Reserva. Además, para lograr los recursos precisos, se plantea reducir el porcentaje de ingresos de las rentas más altas que queda libre de cotización (en vez de gravarlas en su totalidad, otra propuesta de máximos que estaba encima de la mesa), se acrecentarán las bases de cotización y se arbitrará un recargo de solidaridad temporal sobre ciertas cotizaciones. En otro elemento clave, el periodo de cálculo de las pensiones, se ha acercado hasta situaciones admisibles por los sindicatos la propuesta inicial, ampliando opcionalmente los años sobre los que se calcula su importe de veinticinco a veintinueve, mas excluyendo del cómputo los dos peores para el pensionista.
Nuestro sistema de pensiones es de reparto, o sea, que teóricamente las pensiones contributivas deberían costearse absolutamente con los recursos que se consiguen de las cotizaciones de empresarios y trabajadores, al tiempo que las pensiones no contributivas han de cargarse a los Presupuestos Generales del Estado. Por este motivo, los trabajadores y los empresarios en activo deben comprender que un buen sistema de previsión social demanda sacrificios. De ahí la relevancia del diálogo social para pactar entre todos un reparto equitativo de las cargas, on line con el espíritu del Acuerdo de Toledo. No va a ser simple en lo más mínimo poner conforme al Gobierno, a la Comisión Europea y a los agentes sociales, mas daríamos una muestra de madurez si se recorre el corto recorrido que falta tras los avances efectuados en las últimas cuarenta y ocho horas.