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martes, 15 junio, 2021

El Gobierno fundamentará su recurso contra la ley de alquileres en el Consell de Garanties Estatutàries

  • El organismo concluyó el pasado agosto que una buena parte de la regla no casaba con la Constitución y el Estatut

  • El Ejecutivo central impugnará el martes el texto catalán y solicitará su suspensión hasta el momento en que los jueces resuelvan

El recurso del Gobierno frente al Tribunal Constitucional (TC) contra la ley catalana de alquiler, adelantado el jueves por este diario, ya no tiene vuelta atrás. Se aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros, explican fuentes del Ejecutivo. En la Moncloa, no obstante, rechazan que la impugnación se deba a motivos ideológicos, o bien a un deSeo de limitar sin más ni más la capacidad de acción de la Generalitat. En verdad, exactamente las mismas fuentes explican que el recurso se fundamentará en su mayoría en el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.

En el mes de agosto del pasado año, a causa de una solicitud del Partido Popular y Ciutadans, el organismo que candela por el hecho de que las reglas del Parlament se ajusten al Estatut y la Constitución emitió un informe contra la regla catalana, que fija encuentres en los alquileres. Por unanimidad, el dictamen, que no es vinculante, concluyó que buena parte de su contenido era incompatible con las dos leyes esenciales. Lo que va a hacer ahora el Gobierno central es calcar prácticamente ese escrito para argüir frente al TC que la regla, que con exactamente la misma presentación del recurso va a quedar suspendida, ha de ser declarada nula.

Al tiempo, prosiguen las negociaciones entre el Partido Socialista y Unidas Podemos para iluminar una regla estatal sobre los alquileres. Si fuera aprobada, reemplazaría a la ley catalana. Mas nada, conforme fuentes de la parte socialista de la alianza, hace prever que el pacto vaya a ser inminente. Las situaciones prosiguen enconadas, con Podemos siendo partidario de limitar los costes y el Partido Socialista rechazando una medida de esta clase.

La invasión de competencias

En su dictamen, el Consell, formado por juristas propuestos por partidos independentistas y no independentistas, apuntó que la regla catalana era contraria al Estatut y la Constitución, por invasión de competencias. La Generalitat, en cambio, siempre y en toda circunstancia ha argumentado que no existía tal transgresión, al fundamentarse en el Código Civil catalán. Concretamente, el informe del organismo concluye que once de los quince artículos y siete de las catorce disposiciones de la ley no tienen amparo ni en la Carta Magna ni en el Estatut. El Consell observó incompatibilidades en los artículos que dejan calcular rentas iniciales, costos de referencia y reparto de gastos, entre otros muchos. A esto se sujetará el Ejecutivo en su recurso, que ha despertado una fuerte polémica en Catalunya, con el Sindicat de Llogateres organizando movilizaciones contra la impugnación. Los aliados tradicionales del Gobierno en el Congreso, y asimismo Unidas Podemos, ya han anunciado que no comparten la resolución de recurrir.

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