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viernes, 2 diciembre, 2022

El Gobierno prevé aprobar el martes la creación del Defensor del Cliente del servicio Financiero

Salvo cambio de última hora, el Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Usuario Financiero, con la que el Ministerio de Economía pretende revolucionar el presente sistema público de resolución de las reclamaciones a bancos, empresas aseguradoras y firmas de inversión. Los dos aspectos esenciales del proyecto de ley no cambiarán de entrada en comparación con anteproyecto del pasado abril. Así, sus resoluciones van a ser vinculantes para las entidades (no para los clientes del servicio) cuando la cantidad reclamada no supere los veinte euros y el nuevo organismo se financiará con una tasa doscientos cincuenta euros por reclamación recibida que van a pagar las entidades.

El Consejo de Estado remitió este jueves al departamento que dirige Nadia Calviño su dictamen no vinculante y el tema ha pasado ya por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que prepara los temas que van a ser sometidos a deliberación del Consejo de Ministros. Economía no ha recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mas la ley orgánica del poder judicial le habilita a continuar adelante cuando el órgano de gobierno de los jueces no ha emitido su informe en los plazos previstos. El CGPJ nombró el trece de octubre a Wenceslao Olea, juez de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, para realizar el informe, mas de entrada no tiene previsto someter el tema a su pleno hasta al menos diciembre pues es frecuente que los trabajos se alaguen en temas de esta extensión, notifica Ángeles Vázquez.

Una vez apoyado por el Gobierno, el proyecto irá al Parlamento a fin de que las cámaras introduzcan los cambios que consideren oportunos y lo aprueben de forma terminante. Calviño aseveró hace unas semanas que espera que la ley de creación de la nueva autoridad reciba la luz verde final a lo largo del primer semestre del próximo año. La vicepresidenta prevé acompañar su aprobación en el Consejo de Ministros con la del R. D. que articulará el plan de ayuda a los hipotecados en inconvenientes por la escalada del euribor que negocian desde hace semanas Economía y la banca con el asesoramiento del Banco de España. Así lo ha apuntado Calviño este viernes, tras aseverar que espera lograr un acuerdo «en las próximas horas».

El aspecto fundamental

La nueva autoridad va a solucionar las reclamaciones que hasta el momento se presentan frente al Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. El hecho de que sus resoluciones vayan a ser vinculantes en reclamaciones hasta veinte euros supone un cambio de gran calado, ya que los dictámenes de los 3 supervisores sectoriales no son de obligado cumplimiento, lo que hace que sean ignorados por las entidades en porcentajes elevados.

El Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Gobierno en materia social y económica y laboral, solicitó a Economía hace unas semanas que los dictámenes sean siempre y en todo momento vinculantes para las entidades, sea como sea la cantidad reclamada. En cambio, las patronales bancarias y la CEOE consideran inconstitucional que vayan a ser de obligado cumplimiento y han reclamado que, de sostenerse, se baje el listón de los veinte euros a cinco mil.

Salvo cambio de última hora, Economía ha decidido sostenerlo. «Hay que llegar a un equilibrio entre solucionar el inconveniente y descargar a los tribunales, por una parte, y sostener la seguridad jurídica. Si lo subimos mucho, la cantidad de reclamaciones que entrarían podría exceder cualquier estimación. Deseamos supervisar bien el flujo y calibrarlo bien», arguyeron en primavera fuentes del ministerio.

Audiencia Nacional

Los pronunciamientos del nuevo organismo se van a poder impugnar frente a la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Si las entidades consiguen que les dé la razón, el cliente del servicio deberá devolver la cantidad recuperada si bien los dictámenes sean vinculantes (aunque dichos clientes del servicio no aceptarán como ahora los costos legales, sino lo va a hacer la Autoridad). Con esto, el Gobierno ha querido asegurar el derecho a la tutela judicial eficaz recogido en la Constitución. En todo caso, considera poco probable que el tribunal decida, con una resolución desfavorable de la Autoridad, darle la razón a la entidad.

Conforme el último anteproyecto de Economía, al que tuvo acceso este diario, los consejeros y directivos de las financieras (bancos, empresas de seguros, firmas de inversión y prestamistas de consumo, entre otras muchas empresas) que infrinjan sus resoluciones vinculantes van a poder ser sancionados con hasta doscientos cincuenta.000 euros (infracciones leves) o hasta un millón de euros (infracciones graves). Estos últimos, además de esto, van a poder percibir una «amonestación pública» con la publicación en el Folleto Oficial del Estado (BOE) de su identidad, la naturaleza de la infracción y la sanción impuesta.

Sanciones y presupuesto

En aquel texto asimismo se establecía que la Autoridad va a poder fijar una compensación de la entidad al usuario de entre cien y dos mil euros cuando la reclamación no tenga contenido económico (por servirnos de un ejemplo, la carencia de entrega de información precontractual o la carencia de apertura de una cuenta de pago básica). También, se rebajó de mil a quinientos euros la multa máxima que van a poder aguantar los clientes del servicio que presenten repetidamente a lo largo de 6 meses reclamaciones expresamente inmotivadas e inadmitidas. El CES ha pedido quitar esta sanción, ya que comprende que «dichos supuestos son inusuales y, en cualquier caso, podrían ser detectados y resueltos por la Autoridad en la fase de instrucción anterior».

El organismo, que mana de una directiva europea de dos mil trece, es parte de las reformas prometidas a la UE para este año a cambio de los fondos comunitarios, mas no es preciso que esté creado sino es suficiente con que la Comisión Europea perciba avances significativos en esa dirección. Economía ha dejado abierto en el proyecto de presupuestos de dos mil veintitres que se pueda habilitar una partida para ponerlo en marcha. El ministerio estima que el organismo va a tener un gasto anual de unos veintiuno con setenta y cinco millones de euros (quince con sesenta y ocho millones para abonar los salarios de sus doscientos cincuenta empleados, uno con veintiseis millones para gastos de funcionamiento, y tres con noventa y siete millones para gastos en tecnología de la información y comunicaciones) y conseguirá unos ingresos de unos veinticinco con cincuenta y ocho millones por las tasas que van a pagar las entidades. La partida presupuestaria inicial, en todo caso, va a ser mayor por los gastos expepcionales que comporta su puesta en marcha.

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