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sábado, 3 diciembre, 2022

España no avanza en el derecho al olvido de los pacientes que han superado un cáncer

Francisco Domene firmó su hipoteca hace 4 años, con la ilusión con la que se firman las cosas que edifican una vida. Mas cuando deseó contratar el seguro que la entidad le pedía como requisito, se halló con un ‘no’ por contestación. El motivo fue un linfoma que le diagnosticaron prácticamente 3 décadas ya antes, cuando solo tenía 4 años, y que superó. Francisco está sano, curado, y si bien sabe mejor que absolutamente nadie que aquella experiencia le ha dejado una huella indeleble, se enoja al descubrir que va a ser asimismo un lastre que lo acompañe toda la vida: «Más de veinte años tras el alta terminante ves que te ha marcado para toda la vida, no solo en la memoria, si no en tus metas personales», se lamenta.

Como Francisco, en torno a un par de millones de personas han superado una enfermedad que se lleva a otras muchas por el camino. De entre sus secuelas, las hay más invisibles e inclusive extrañas a la salud, mas que impiden que puedan recobrar con totalidad esa vida reconquistada. Como las trabas en el momento de solicitar un crédito o contratar un seguro personal. La Comisión Singular sobre la lucha contra el cáncer del Parlamento Europeo solicitó que se garantice el ‘derecho al olvido’ a los pacientes oncológicos cuando hayan pasado diez años desde el instante en que acabaron su tratamiento, o 5 si fueron diagnosticados siendo menores. Bajo ese nombre, el de ‘derecho al olvido’, lo que se pretende es que las compañías de seguros y los bancos no puedan tener en consideración su historial médico para discriminarlos, algo similar a lo que ya ocurrió en dos mil once en el momento en que una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE prohibió a las compañías establecer primas dependiendo del género.

Todos y cada uno de los países europeos deberán asegurar el ‘derecho al olvido’ oncológico ya antes de dos mil veinticinco, mas en España es aún una materia pendiente. La Comisión Europea realizó un informe en el que se comprobaba que acá no hay una política gubernativo sobre este tema. Además de esto, si bien el Plan Nacional del Cáncer «pone singular énfasis» en la atención de los supervivientes de cáncer, «ha priorizado las necesidades de atención social y de salud primeramente».

Lucía -nombre falso- deseó contratar un seguro de vida cuando firmó su hipoteca, mas apenas hacía un par de años que se había curado del cáncer. Aún con revisiones y amoldando su vida a nuevas rutinas, optó por engañar en el cuestionario de salud. Reconoce que, en el caso de precisarlo, probablemente no pueda contar con un seguro al que le va a ser muy simple probar su engaño, mas era la única forma de acceder a la hipoteca en ese instante. “Realmente lo que se me hizo más bastante difícil fue el mensaje tácito, que soy una apuesta peligrosa, que las compañías no apuestan por que esté viva los años suficientes para poder pagar”, explica la joven.

Testimonios como este no sorprenden a Clara Rosàs, gerente de la Federació Catalana Entitats contra el càncer (FECEC). «Hay personas que nos han contado que la hipoteca está a nombre de su pareja por el hecho de que no había forma de acceder a ese producto, es la realidad con la que se hallan», explica. Y el sicológico es un añadido más a ese peso que ya llevan quienes superan la enfermedad: «Te recuerdan continuamente que la has tenido». La FECEC es una de las asociaciones que más está empujando a fin de que el ‘derecho al olvido’ oncológico sea una realidad en España, mas «aún estamos muy verdes», apunta Rosàs. Bélgica, Francia, Países Bajos, Luxemburgo y Grecia tienen regulaciones que resguardan a los pacientes, e Italia trabajaba en una regla ya antes de la caída del gobierno.

El muro inescrutable de la discriminación

«Realmente no charlamos de quitar unos antecedentes de la historia clínica de una persona», explica Luis Pedro Broma, letrado especialista en contratos de seguros, «sino más bien de no estar obligados a contarlos, como ocurre en Francia, o que aún reflejándolos, no se tengan presente como único factor excluyente«.

El jurista aplaude la iniciativa del Parlamento Europeo y piensa que «se han comenzado a abrir huecos en este muro inescrutable de la discriminación por motivos de salud». En España, las compañías aseguradoras excluyen a personas ancianas, discapacitadas o enfermas. «Lo tenemos asumido como lo más normal», señala el especialista. En dos mil dieciocho se rehabilitó la ley de Contrato de Seguro para incluir una cláusula que impide «discriminar a quienes tengan VIH VIH u otras condiciones de salud». Esas otras condiciones de salud son la rehendija por la que podría colarse el cáncer, mas en exactamente el mismo texto el Gobierno se comprometió a presentar un proyecto de ley para especificar qué enfermedades se incluyen en la cláusula en el plazo de un año, mas han pasado 4 y «aún no se ha desarrollado por completo», como recuerda la Comisión Europea.

Con la ley actual en la mano, hay una herramienta contra la discriminación de los pacientes oncológicos. A juicio del jurista, la compañía está en su derecho a conocer todos y cada uno de los antecedentes de salud de una persona para concederle un seguro personal, mas debe justificar que la condición de salud es relevante para el contrato o que supone un peligro que no puede aceptar. Es ahí, en los peligros, donde está la esencia de la cuestión: las empresas aseguradoras tienen la obligación de ser a nivel económico viables y soluciones para poder prestar los servicios concedidos caso de que sus clientes del servicio los necesitaran. Mas para eso precisan una cartera de asegurados que a priori no vayan a precisar de sus servicios.

Rosàs insiste en que «los pronósticos y tasas de supervivencia han mejorado mucho para muchos géneros de cáncer» y esto debe reflejarse en ese derecho a olvidar. Hay evidencia a nivel científico de que una persona que superó el cáncer hace diez años ya no tiene un peligro mayor que alguien que no lo ha sufrido. La FECEC defiende para España un sistema afín al francés: para préstamos o hipotecas de hasta doscientos que puedan devolver ya antes de los sesenta años no hace falta cuestionario de salud alguno.

Las empresas de seguros solicitan flexibilidad

Del otro lado, la patronal del seguro europeo, Insurance Europe, muestra sus resistencias y ha pedido flexibilidad en el momento de valorar los peligros de cada género de cáncer: «Si la prima deja de estar vinculada a los peligros, ciertos usuarios van a pagar demasiado con relación a el peligro que aportan a la empresa aseguradora, al paso que otros van a pagar menos con relación a los peligros que presentan».

Broma insiste en que el primordial inconveniente estaba en los bancos, que demandan seguros que garanticen los pagos para otorgar créditos. «Se pasa la pelota a las compañías aseguradoras, que podían encontrarse con personas no asegurables con criterios justificados de que el peligro no es asumible. Mas, ¿por qué el banco no otorga el crédito? Una cosa no debería tener nada que ver con la otra y esta ha sido la raíz del inconveniente», defiende Broma. En Francia la cuestión la aclaró una ley vanguardista de derecho al olvido oncológico que prohíbe consultar sobre salud a quien necesite un seguro para acceder a financiación.

La FECEC firmó un acuerdo con el Instituto Lliure de Medicina para ofrecer acceso a servicios médicos en el ámbito privado a personas con antecedentes de  cáncer que no podían conseguir un seguro de salud por su historial médico.

Broma recuerda que el Estado tiene a su predisposición mecanismos para no dejar la cuestión solo en manos privadas, haciendo «aportaciones» para cubrir lo que las compañías aseguradoras no pudiesen aceptar, si fuera preciso. Rosàs, en cambio, insiste en que en los países que ya han regulado este tema son las compañías las que lo han asumido, «pues hay evidencia a nivel científico que acredita que el peligro es mínimo».

Lucía aplaude la posibilidad de que el «derecho al olvido» sea una realidad en España, mas piensa que la medida debería tener otro nombre más apropiado, como «derecho a continuar viviendo» o «derecho a gozar de forma plena de la vida recuperada». Por el hecho de que lo urgente, que es la investigación para salvar vidas, no debe substituir a lo esencial, que es devolverles la calidad que los avances médicos ya pueden darle.

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