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lunes, 8 agosto, 2022

Estudian a la Generalitat Valenciana por «abandonar» a la noche a una persona con discapacidad en una estación de metro

El Síndic de Greuges, equivalente al Defensor del Pueblo, ha abierto una investigación de oficio a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) por dejar a una persona con discapacidad «abandonada» a la noche en la estación de l’Eliana (Valencia). Así lo ha anunciado en un comunicado tras haber tenido conocimiento de la demanda pública de la entidad Cocemfe Castellón, sobre la «situación de discriminación» vivida el 1 de agosto por una persona, natural de Nules, usuaria de la línea dos del Metro de FGV, que se quedó en la estación al fallar la plataforma elevadora del autobús que cubría la línea mientras que se efectuaban obras en esta zona. Conforme Cocemfe, la compañía pública no consideró justificada la opción alternativa del taxi y, como resultado, el perjudicado vio «gravemente afectados» sus derechos como cliente y quedó «abandonado» a la noche en el parking de la estación. Ya antes esta situación, el Síndic ha comenzado una investigación de oficio dirigida a FGV al estimar que su actuación, o la falta de ella, «ha podido vulnerar los derechos de la persona perjudicada en los hechos descritos». «La accesibilidad en todos y cada uno de los campos de la vida, y de manera especial en el transporte, facilita que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar totalmente en todos y cada uno de los aspectos de la vida. En consecuencia, la adopción de medidas que identifiquen y supriman los obstáculos y las barreras de acceso son fundamentales», apunta el síndic en un comunicado, en el que agrega que la legislación «persigue estas situaciones estimadas como discriminatorias». En verdad, cita, entre otras muchas reglas, que el Estatut de Autonomía de la Comunidad Valenciana «indica que se garantizará en cualquier caso a las personas perjudicadas de discapacidad, el derecho a las posibilidades públicas precisas para asegurar su autonomía personal, su integración socioprofesional y su participación en la vida social de la comunidad» y que la Generalitat intentará a esas personas «su integración a través de una política de igualdad de ocasiones , a través de medidas de acción positiva, y garantizará la accesibilidad espacial de las instalaciones, edificios y servicios públicos». La entidad ha pedido a FGV que remita, en el plazo máximo de un mes, un informe «detallado» sobre los hechos que se generaron el primer día de la semana 1 de agosto y desea conocer «qué opciones alternativas se le ofrecieron al usuario de este servicio, por qué se descartó el servicio de taxi amoldado, el tiempo de espera, la resolución de dicha situación y qué responsables de FGV estuvieron en contacto con el usuario en todo momento». Además, requiere conocer si se han producido situaciones afines mientras que han durado las obras de la Línea dos o en otras en este último año, y si los buses contratados para cubrir dichos servicios en casos de obras son alcanzables siempre y en toda circunstancia. Por su lado, FGV ha reconocido el fallo y ha asegurado que cualquier usuario con movilidad reducida, si no puede gozar de las instalaciones o el servicio auxiliar de autobús, sí está en su derecho a un taxí.

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