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La Ley de Servicios Digitales (DSA) forzará a las tecnológicas a quitar contenido ilegal y a limitar la publicidad basada en datos de los usuarios
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Las compañías habrán de ser más trasparentes sobre sus algoritmos y dar herramientas a los ciudadanos para demandar sus derechos
“Es instante de poner orden en el salvaje oeste digital”. Es de esta forma como el comisario europeo del Mercado Interior, Thierry Breton, ha dado la bienvenida a la Ley de Servicios Digitales (DSA), la aguardada regulación del mercado digital que impulsa la UE (Unión Europea) y que puede convertir internet tal como lo conocemos. Este jueves el Parlamento Europeo ha aprobado su situación sobre una medida que va a deber negociarse con el Consejo Europeo y la Comisión Europea (CE) y cuya aprobación final podría llegar en el mes de abril o bien mayo.
Prácticamente un par de años una vez que se pusiera encima de la mesa, este mastodóntico proyecto legislativo establece una serie de nuevas reglas para las compañías tecnológicas que afectarán a redes sociales, servicios de correo y tiendas de aplicaciones. Esas reglas van desde quitar el contenido ilegal publicado en esos espacios a limitar la extracción de datos de los usuarios para la publicidad adaptada, pasando por nuevas obligaciones y mecanismos de trasparencia sobre los algoritmos.
El texto aprobado por la Eurocámara y anunciado por su nueva presidente, Roberta Metsola, impone esenciales limitaciones a la publicidad digital que se nutre de la colección de datos privados de los ciudadanos y prohíbe el empleo concreto de datos sensibles como el origen racial o bien étnico, la orientación sexual o bien las creencias de tipo religioso y el empleo de datos de menores. La enmienda multipartidista que solicitaba una prohibición total de esa publicidad no ha prosperado. Todavía de esta manera, supone un esencial revés al modelo económico de vigilancia masiva que copa el duopolio formado por Google y Fb. El año dos mil veinte, Google facturó ciento cuarenta y siete mil millones de dólares estadounidenses en publicidad, lo que supone hasta un ochenta por ciento de sus ingresos. En el caso de Fb ese porcentaje medra hasta el ochenta y cinco por ciento , amontonando ochenta y cuatro y doscientos millones.
Digital Services Act: MEPs have agreed a draft set of measures to tackle illegal content, ensure platforms are held accountable for their algorithms and improve content moderation ↓
— European Parliament (@Europarl_EN) veinte de enero de dos mil veintidos
Amoldarse a los tiempos
En los últimos tiempos, la Unión Europea se ha visto superada por el meteórico ascenso de plataformas digitales que han transformado la economía y la sociedad. La consolidación de poder de empresas como Google, Amazon o bien Fb ha ido de forma frecuente de la mano de prácticas exageradas. Bruselas ha tratado de contenerlas estudiando caso por caso y aplicando sanciones basándose en la Directiva sobre el Comercio Electrónico, aprobada el año dos mil y que todavía prosigue actual. La DSA dejará amoldar la ley a los tiempos que corren y también ir alén de los casos individuales para regular las plataformas digitales.
Con esta directiva, la Unión Europea busca reafirmar su liderazgo mundial en la protección de datos y agilizar la fiscalización de las grandes tecnológicas, pilares que pueden marcar el internet de la próxima década. Bruselas ha reiterado que su voluntad es crear un espacio digital más seguro y privado para los usuarios. Las obligaciones de la DSA afectarán a las más de diez.000 plataformas digitales que operan en territorio europeo, mas incidirán especialmente en la actividad de gigantes de la industria. Cuanto mayor sea la compañía mayores van a ser los requisitos a cumplir. Si bien sean extranjeras, todas y cada una van a deber contar con representantes legales en Europa.
Coto a la desinformación y al odio
Uno de los objetivos principales de esta medida es hacer que todo cuanto es ilegal ‘en la calle’ asimismo lo sea en el planeta digital. De esta forma, se estimula a las plataformas a limitar los mensajes de odio y la proliferación de desinformación –que no es ilegal—, mas a hacerlo de una manera “diligente, proporcionada y no discriminatoria”. La directiva actual hasta el momento, sellada antes que Fb, Twitter o bien YouTube existieran, apunta que esos distribuidores de servicios on line no son responsables de los contenidos ilegales que se comparten y solo deben suprimirlos en el momento en que un juez de esta manera lo establece. La DSA sostiene ese principio.
No obstante, la normativa solicita a las plataformas moderar su contenido para atenuar peligros sociales y va a ser la CE quien valore si han hecho lo bastante. «¿Van a poder las autoridades presionar a esas empresas a fin de que supriman desinformación? Eso crea una inseguridad jurídica esencial», explica a EL PERIÓDICO Joan Económica, estudioso del Cyber Policy Center de la Universidad de Stanford, que advierte que eso va a llevar a que multitud de casos queden en las manos de los jueces de cada estado miembro.
Ese punto asimismo ha despertado las críticas de organizaciones en defensa de los derechos digitales como Xnet, que han alertado de que la normativa puede llevar a las plataformas a una “retirada desmedida de contenido legítimo” que afecte a los derechos esenciales. Eso es, que la obligación de frenar la desinformación y los mensajes de odio bajo amenaza de sanción decaiga en una censura de la libertad de expresión. Un miedo que Económica asimismo comparte.
Por otra parte, la DSA afectará al comercio on-line y, si bien no las hace responsables de la posible venta de productos ilegales, sí forzará a plataformas comerciales como Amazon o bien eBay a contrastar la identidad real de los vendedores. Esa obligación asimismo se ampliará a distribuidores de servicios como los registros de nombres de dominio o bien las redes de distribución de contenido. Eso quiere decir que para crear una web, por servirnos de un ejemplo, ya antes va a deber contrastarse la identidad de su impulsor.
Más trasparencia
El texto aprobado este jueves establece que esas compañías habrán de ser considerablemente más trasparentes. De esta forma, entre otras muchas cosas, van a deber informar a las autoridades sobre qué medidas toman para identificar y suprimir la publicación de contenido ilegal, sobre quién patrocina los anuncios que ven los usuarios y sobre el funcionamiento de sus algortimos de recomendación, que habrán de ser sometidos periódicamente a auditorías externas. El planeta académico va a deber tener acceso a esos datos para poder estudiar el impacto social de esas tecnologías.
It’s time to put some order in the digital “Wild West”.
A new sheriff is in town — and it goes by the name #DSA. pic.twitter.com/7YByqyTdX1
— Thierry Breton (@ThierryBreton) diecinueve de enero de dos mil veintidos
La DSA va a tener ventajas perceptibles para los usuarios. La regla forzará a las plataformas a informarles de la supresión de contenido y darles instrumentos a fin de que puedan impugnar esa resolución. Asimismo habrán de ser más trasparentes con las condiciones de empleo y las políticas de privacidad y facilitar a los usuarios rehusar el empleo de sus datos personales. Hasta el momento las plataformas han informado de sus términos con larguísimos textos legales de bastante difícil entendimiento y han utilizado técnicas de diseño (‘Dark Patterns’) que llevan a los usuarios a admitir su rastreo, como ocurre con las cookies. Esa medida deseaba ser frenada por los eurodiputados conservadores mas ha terminado prosperando.
Además de esto, el bulto de la nueva regulación europea incluye la Regla de Mercados Digitales (DMA), dirigida a las grandes empresas y que prohibirá impedir que los usuarios se desinstalen aplicaciones instaladas por defecto. En el caso de incumplimiento, la DMA establece sanciones de hasta el diez por ciento del volumen de negocio mundial de esas compañías.
Sin salvedad para los medios
En los últimos días, el Europarlamento ha debatido una enmienda que solicitaba exonerar a los medios de la normativa, lo que habría supuesto negar a las plataformas la impugnación de contenidos publicados por esos editores. No obstante, esa salvedad ha sido por último rechazada. La Federación Europea de Cronistas se había opuesto a esa medida y María Ressa, cronista filipina y premio Nobel de la Paz, la había descrito como un «talón en blanco» para «permitir la desinformación a escala industrial». «Era una enorme amenaza y ha conseguido evitarse», apunta Asequible.
Otras organizaciones en defensa de los derechos digitales, como Access Now, han festejado el pacto parlamentario: «Es una victoria que lanza un claro mensaje a las plataformas digitales: vuestro reinado de privilegio ha acabado». Si bien todavía queda batalla por delante, la DSA es un enorme paso en esa dirección.