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lunes, 16 mayo, 2022

La venta a pérdidas golpea a la agricultura

Este 1º de mayo, día del Trabajo, entra en acción uno de los cambios más relevantes incluidos en la nueva Ley de la Cadena Alimenticia que afecta de lleno a labradores y ganaderos. Entre otras muchas modificaciones, el nuevo texto resalta el hecho de que los contratos van a deber recoger el coste y el plazo de pago, que se fija en treinta días para productos frescos y sesenta para no perecederos; se amplía la obligación de conservación de documentos relacionados con los contratos, incluyendo la correspondencia entre las partes, de dos a cuatro años; y establece la creación de un Registro digital de contratos alimenticios creado por el Ministerio de Agricultura, que se va a poner en marcha en dos mil veintitres.

La novedad se encuentra en que se fuerza desde este instante asimismo a las pequeñas y medianas empresas del ámbito de la distribución, y no solo a las grandes, a adquirir por sobre los costos de explotación de los productos del campo. Ya antes del 1 de mayo, todos y cada uno de los ámbitos que adquirían comestibles debían haber amoldado a esta nueva regla los contratos firmados con otros mediadores para la producción, distribución o comercialización de productos «toda vez que el comienzo de la relación comercial se generara tras el dieciseis de diciembre de dos mil veintiuno».

Ésa es la data en la que entró en vigor la Ley de la Cadena Alimenticia que prohíbe vender a pérdidas -esto es, bajo el coste de producción- aplicar ventajas o descuentos por pagos avanzados y fija sanciones que pueden cambiar desde los doscientos cincuenta a los tres.000 euros para casos leves. Y hasta un millón de euros para las infracciones más graves.

¿Qué ha ocurrido en estos 6 meses ? Puesto que a juzgar por el cómputo que efectúan los líderes de la Unió de Llauradors i Ramaders i AVA-Asaja, organizaciones mayoritarias en la Comunitat Valenciana, desde el primero de los días de su entrada en vigor, la regla impulsada por el Ministro de Agricultura, Luis Llanas, «se ha infringido de forma sistemática a pie de campo». Afirman que ha nacido fallecida y proseguirá siendo papel mojado mientras que el propio Ministerio de Agricultura o el organismo público que considere no establezca los costos medios de producción bajo los que se prohíba vender al siguiente eslabón. «Mientras que eso no ocurra, el productor continúa desamparado y pierde hasta la camisa frente a la situación de dominio de otros eslabones de la cadena que ganan mucho dinero a costa suya», advierten los líderes agrarios en el momento de valorar estos primeros meses de aplicación de la ley.

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, critica que la última reforma «prosigue sin insistir en las importaciones provenientes de países terceros y en mecanismos de reciprocidad. Si no hay una vinculación, es una ley bastante difícil de cumplir en situaciones de inestabilidad de los mercados», apunta. La prueba evidente de que la ley es «inútil para el productor -destaca- son los bajos costos en origen y la incapacidad real de repercutir la escalada de costos de producción en esos costos que percibe, que se ubican bajo los costos de explotación».

Costes por los suelos

El ejemplo más significativo se está generando en la comercialización de los cítricos. Así, la naranja ha registrado cotizaciones en origen que se han desplomado un cincuenta por ciento con respecto a la campaña precedente (doce céntimos de euro por kilogramo de media, llegando aun a tres céntimos por kilogramo), pese a la subida de los costos de producción en un treinta por ciento (que se traduce en algo más de veinte céntimos por kilogramo).

Asimismo se ubican por los suelos los costes en origen de otros cultivos mediterráneos. Es el caso del kaki, cuyos valores apenas repuntaron en la pasada campaña al situarse entre veinte y treinta céntimos por kilo pese al esencial descenso de producción del cuarenta por ciento debido a las plagas, enfermedades y temporales de granizo. Los costos aumentaron sobre treinta céntimos por kilogramo.

Por otra parte, la mayor parte de ganaderos vende a pérdidas por el hecho de que los costes de la leche y la carne no dejan cubrir unos costos disparados, primordialmente por el encarecimiento del veinticinco por ciento de los piensos para nutrición animal. Tan solo un cuarto del aumento del costo de la leche en los supermercados se traslada a los productores. Desde diciembre a marzo, el litro pasó en los puntos de venta de setenta y nueve a ochenta y cuatro céntimos, al tiempo que el costo base que cobra el ganadero por generarlo pasó de treinta y uno con cuatro a treinta y dos con seis céntimos, conforme los datos de finales de abril de Agromuralla.

Demandas en la AICA

La Unió de Llauradors ha mandado hace un par de semanas un escrito a la Agencia de Información y Control Alimenticios (AICA) -organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura- a fin de que investigue si se ha producido un incumplimiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria. La AICA tiene la capacidad legal de actuar a través del Programa General de Vigilancia de comprobaciones de oficio. Frente a una situación como la que se ha producido durante esta campaña y que se ha acentuado en el trascurso de las últimas semanas, debería actuar.

El informe semanal de coyuntura publicado por el Ministerio de Agricultura certifica que, ciertamente, los costos que reiben los labradores españoles se acercan a valores muy bajo los costos de producción. A juicio del secretario general de la Unió, Carles Peris, «esta situación para el productor podría suponer un incumplimiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria que demanda que el coste que perciben los labradores ha de cubrir, por lo menos, los costos efectivos de producción. Por consiguiente -insiste Peris-, es preciso que el órgano administrativo pertinente investigue y clarifique qué es lo que sucede y se sancione, en su caso, conforme con el régimen sancionador legalmente establecido, a aquellos operadores que aparentemente infrinjan la normativa».

Esta organización agraria ha efectuado un extenso informe en el que justifica su solicitud sobre la situación de los costos de diferentes cítricos a lo largo de las primeras once semanas de dos mil veintidos. Del mismo se desprende que el nivel de costes en origen es «extraordinariamente bajo» y no ha cumplido con las esperanzas de los productores y más si tomamos en consideración que la producción de España de cítricos es un cinco por ciento inferior a la campaña pasada y un dos,1 por ciento inferior a la media de las últimas 5. «Por consiguiente -concluye- es ininteligible que se haya llegado a esta situación para los productores».

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