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lunes, 16 mayo, 2022

Las penas de prisión no frenan el acoso a las mujeres que deciden abortar

Unas ochenta personas se postraron de rodillas este sábado frente a la clínica Dator, en la villa de Madrid, experta en interrupción voluntaria del embarazo. Con la ayuda de una gran cruz de madera, un megáfono y múltiples pancartas contra el aborto, los congregados leyeron a lo largo de prácticamente una hora versículos bíblicos sobre las “llamas del infierno” y el “sagrado fruto de tu vientre”, rezaron el Avemaría y chillaron “¡viva Cristo Rey!”.

Múltiples policías observaban lo que allá ocurría, mas ninguno de ellos tomó los datos de los asistentes, pese a que este género de actos pueden ser constitutivos de un nuevo delito perseguible de oficio, sin precisar demanda anterior. En vigor desde mediados del mes pasado, la ley castiga con cárcel de 3 meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días a quienes hostiguen a una mujer “mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad”. Los convocantes, un conjunto ultracatólico llamado Enraizados, no habían comunicado la concentración a la Delegación del Gobierno en la capital española. Mas no pasó nada, alén de que fuentes de este organismo explicaron después que les abrirían un procedimiento sancionador por no informar de la concentración.

Reivindicada a lo largo de años por las clínicas, y afín a las regulaciones de otros países europeos, la reforma penal, conforme los partidos que la impulsaron, está desarrollada para eludir actos de este género. “Los hostigadores en las puertas de las clínicas tienen una sola pretensión, y no es rezar: es coartar la libertad de las mujeres”, apuntó a lo largo del discute parlamentario Laura Berja, miembro del Congreso de los Diputados del Partido Socialista. No obstante, el nuevo delito no ha conseguido frenar el hostigamiento en estas 3 primeras semanas. A la inversa. Conforme los responsables de las clínicas, el acoso va a más.

El blanco de la ira

Dator fue el primer centro que consiguió en España acreditación para practicar la interrupción voluntaria del embarazo, en mil novecientos ochenta y cinco. Desde ese momento, ha sido el primordial blanco de la ira del antiabortismo más radical, que en los últimos días ha visto reforzada su situación merced a noticias como la llegada el pasado lunes de Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo se dispone a tumbar el precedente judicial que consagró constitucionalmente el derecho en aquel país.

“Estos conjuntos creen que si logran cerrar Dator, van a caer el resto de clínicas. Mas no lo van a conseguir”, apunta su portavoz, Sonia Lamas. La sede llevaba más de un año sin ser atacada. El veintiocho de abril, no obstante, sus ventanas y puertas aparecieron a la primera hora de la mañana pintadas de azul. Poquitas semanas ya antes, la asociación de extrema derecha Hazte Oír había abierto una oficina justo enfrente de la clínica, desde la que han organizado conciertos callejeros y proyectado ecografías en una pantalla gigante. Pintada de color rosa y morado, en su testera aparece un bebé, al lado de lemas como “¿te quedarás sin su sonrisa?”.

Y este sábado tuvo lugar la concentración, la primera de este género desde el instante en que es delito el acoso a las mujeres que deciden abortar. “La reforma penal no nos va a detener. Hay gente que por motivos de índole personal tiene temor a percibir una sanción. Mas no, y como otros muchos, sobre todo los jóvenes, más prestos a enfrentarse a una ley ilícita e ilegal, propia de regímenes como la vieja Unión Soviética”, apuntó el portavoz de la convocatoria, José Velarde, pasando por alto que una regla como la de España ya existe desde hace ya tiempo en Alemania, Francia y el R. Unido.

Mas Velarde llevaba razón en algo: la mayor parte de quienes le acompañaban eran estudiantes, universitarios o de secundaria. Estaban a un lado de la calle. Al otro, un pequeño conjunto de feministas, que se habían movilizado para enseñar su repulsa. En medio, los policías, mirando sin hacer nada.

Condenas “imposibles”

Los centros de Barna tienen exactamente la misma impresión que los de la villa de Madrid sobre los efectos prácticos que hasta el momento ha tenido la nueva ley. Vicente Sanchís, trabajador de la clínica Emece, explica que desde hace semanas 4 personas mayores se ponen en frente de la sede, procuran parar a las mujeres que asisten a interrumpir su embarazo y les entregan folletos. “Hacía mucho que eso no pasaba”, apunta. En la clínica Aragón, asimismo en la capital catalana, cuentan experiencias afines.

“Mucho temo que las condenas van a ser imposibles”, apunta José Antonio Bosch, letrado de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), una entidad que en dos mil dieciocho entrevistó a trescientos mujeres que habían abortado en toda España: el ochenta y nueve por ciento se habían sentido acosadas y el sesenta y seis por ciento conminadas. “Es realmente difícil que las mujeres que han abortado, y que son las que padecen la coacción grave, vayan a declarar frente al juez. No desean, y es bastante entendible, meterse en un circuito judicial que puede perdurar uno o un par de años. Así que se birla al juzgador del elemento sobre el que debe fundamentar el acoso”, prosigue. Por eso ACAI defiende que hubiera sido considerablemente más útil que la ley estableciera perímetros de seguridad en torno a los centros, como ocurre en Francia. Aun así, Bosch espera que la reforma sirva cuando menos como “motivación” a la Policía para “actuar” en frente de este acoso.

Mas algo así no ocurrió este sábado. Cuando acabaron los rezos, los antiabortistas radicales volvieron a erguirse, se sujetaron unos a otros, sonrieron, se balancearon en frente de las feministas en actitud retadora, volvieron a vocear “¡viva Cristo Rey!”, entonaron la canción del mismo título (“nuestro soberano Señor / combatir por Él es un honor”) y entonces se fueron, muy satisfechos.

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