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Ley sanitaria Partido Popular frenó demandas por violencia sexista en inmigrantes

Ley sanitaria Partido Popular frenó demandas por violencia sexista en inmigrantes

La ley sanitaria del dos mil doce, que fue aprobada por el Partido Popular y que dejaba a los inmigrantes irregulares fuera de la cobertura pública, no solo aumentó un quince por ciento la mortalidad en este colectivo, sino asimismo provocó, en toda España, un descenso de entre un dieciseis por ciento y un diecinueve por ciento de las demandas (no de este modo las agresiones) por violencia sexista entre las mujeres inmigrantes. Perder el acceso a la salud universal empujó a una buena parte de este colectivo a parar de visitar sus centros de atención primaria (CAP), donde los médicos de familia juegan un rol esencial en el momento de observar signos de violencia en las mujeres y empujarlas a denunciar.

El real decreto ley 16/2012 del Partido Popular pretendía “asegurar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”. Derogarlo fue una de las prioridades del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, y de ahí que lo reemplazó en el mes de julio del año pasado por el RDL 7/2018, que devolvía (teóricamente, pues no evitó completamente las irregularidades) la asistencia a toda la ciudadanía de España, sin salvedades. Con todo, los 6 años de exclusión sanitaria pasaron factura. La ley del dos mil doce supuso un cambio de paradigma de la atención sanitaria: para ser atendida, la persona debía trabajar y estar asociada a la Seguridad Social, lo que excluyó a aquellas en situación irregular y que no tenían un permiso de trabajo.

“La reforma sanitaria del dos mil doce hizo descender las posibilidades de que las mujeres inmigrantes denunciasen a su atacante”, mantiene Judit Vall, maestra del departamento de Economía de la Universitat de Barna (UB), estudiosa del Institut d’Economia de Barna (IEB) y autora, al lado de Caoimhe Rice (University of York), del estudio ‘Hit where it hurts: healthcare access and intimate partner’ (‘Golpea donde más duele: acceso a la salud y violencia de género’). El estudio, en el que asimismo ha participado la Universitat Pompeu i Fabra y que se presenta este lunes en la Jornada Inmigració i Salut del IEB, examina de qué manera estas restricciones de acceso a la sanidad afectaron a las estadísticas sobre las demandas por violencia sexista entre la población inmigrante.

“Temor a ser deportada”

Los motivos por los que el colectivo de mujeres inmigrantes denunció menos fueron esencialmente 2. “Si el sistema es más restrictivo con ella, la mujer se siente más desprotegida, menos empoderada. Aquellas mujeres que viven una situación de irregularidad legal tienen más temor a ser deportada”, cuenta Vall, quien apunta el segundo motivo. “Si pierdes el acceso al sistema de salud universal, vas menos al médico. Y el médico de cabecera es uno de los actores más esenciales para persuadirlas de que denuncien”.

“Si el sistema es más restrictivo con ella, la mujer se siente más desprotegida y vive con más temor a ser deportada. De ahí que demanda menos”

Judit Vall

Estudiosa del Institut d’Economia de Barna

Judit Vall valora como “altísima” la relevancia del médico de familia en el momento de advertir la violencia sexista. “Una parte muy grande de las demandas vienen motivadas por una simple visita al médico de cabecera. Él es, con frecuencia, el que advierte los primeros síntomas. Los médicos de la primaria tienen capacitación en violencia sexista y o anima a denunciar, o bien deriva el caso a los servicios sociales”, afirma la estudiosa. De ahí que es tan esencial que las mujeres en situación de vulnerabilidad tengan acceso a la atención primaria, en tanto que es la forma de “empoderarlas” y que denuncien.

Conforme el estudio, las demandas por violencia sexista entre las mujeres inmigrantes descendieron “en todas y cada una de las zonas de España”, aunque en ciertas comunidades como Catalunya, que crearon sus leyes autonómicas para sortear el RDL 16/2012, el descenso no fue tan acusado. Con todo, esta bajada de demandas fluctúa entre el dieciseis por ciento (en las comunidades donde el impacto de la ley ‘popular’ fue menor) y el diecinueve por ciento (aquellas en las que la regla se incorporó de forma “más rigurosa”).

Descenso “automático”

La estudiosa catalana explica por qué razón este descenso de demandas entre las mujeres inmigrantes es atribuible a la retirada de la cobertura universal en sanidad. “A través de la recogida de datos mensuales, vemos que de forma automática desde la entrada en vigor de la reforma sanitaria, en el mes de septiembre del dos mil doce, dismuyen el número de demandas por violencia familiar. Y estas demandas caen solo en el caso de las extranjeras, no entre las nativas españolas”.

Catalunya, Asturias y Galicia fueron las comunidades donde menos impacto tuvo la reforma sanitaria del Partido Popular

Además de esto, hay un segundo motivo por el que atribuir este descenso de las demandas al RDL 16/2012. “Con el análisis distinguido de las comunidades autónomas, vimos que el impacto fue diferente. En aquellas zonas en las que se implantó de una manera más riguroso la ley, las demandas por violencia familiar bajaron más [hasta un 19%], al tiempo que en aquellas donde no fue de este modo, estas descendieron menos [un 16%]”, agrega. Catalunya, Asturias o bien Galicia fueron las comunidades donde esta ley estatal tuvo un menor impacto. Por contra, la villa de Madrid, Islas Baleares o bien Murcia, aquellas en donde el impacto fue mayor.

Una ley “confusa”

El decreto del Partido Popular prestaba atención a “situaciones singulares” en las que embarazadas, menores, víctima de trata, asilados y cualquiera que necesitara asistir a las Emergencias sí podían acceder a la sanidad pública si bien su situación fuera irregular. A pesar de ello, se dieron casos de exclusión en personas que sí tenían derecho a ser atendidos mas lo ignoraban. “Hay patentizas de personas que no debían perder el acceso al sistema de salud, mas lo perdieron debido a la confusión que produjo esta ley”, afirma Vall.

Este estudio “patentiza” las “consecuencias negativas” en la salud pública que trae consigo limitar los servicios públicos a los inmigrantes

El estudio ‘Golpea donde más duele: acceso a la salud y violencia de género’ mantiene que la reducción del acceso a la atención médica reduce los incentivos de las víctimas de violencia sexista a buscar ayuda. Se trata de un trabajo relevante en el momento de informar sobre las discusiones actuales sobre los impactos de las políticas de inmigración.

“En numerosos países ha habido un incremento de la afluencia de inmigrantes indocumentados -como prueba la crisis europea de asilados-, algo que produce miedo en la población residente por  sus posibles consecuencias negativas. Por su parte, esto ha empujado a muchos políticos a limitar el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos. Nuestro trabajo patentiza las consecuencias negativas que estas restricciones tienen en la salud pública”, recogen las conclusiones de este documento.

De qué manera se hizo el estudio

Para efectuar este estudio, Vall y Rice recogieron datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), del Poder Judicial, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y también Igualdad y del Observatorio Nacional Contra la Violencia de Género desde el primer trimestre del dos mil nueve al cuarto trimestre del dos mil dieciseis (año en que empezaron a hacer el estudio y efectuaron la colección de datos). No obstante, el Poder Judicial no distingue entre mujeres extranjeras con y sin vivienda de España y, en consecuencia, las autoras no han podido identificar cuántas mujeres inmigrantes estaban indocumentadas y cuántas no. “Solo tenemos datos de las mujeres extranjeras. Sabemos, eso sí, que si las hubiésemos podido identificar el porcentaje de bajada de las demandas habría aumentado considerablemente más”, cuenta Vall.

Este estudio prueba que las demandas por violencia sexista entre las extranjeras son, proporcionalmente, son considerablemente más que entre las españolas, independientemente del RDL 16/2012. Examinando los datos de todos y cada uno de los trimestres de los 8 años que recoge el estudio y de todas y cada una de las comunidades autónomas, la media de demandas por violencia sexista en mujeres españolas es de trescientos cincuenta y cinco por trimestre y comunidad autónoma, al paso que para las extranjeras es de ciento sesenta y cinco. Respecto al total de mujeres de cada conjunto (nativas españolas y extranjeras), la media es de tres con treinta y cinco demandas por cada diez mujeres españolas para cada comunidad autónoma y trimestre, al tiempo que, en el caso de las inmigrantes, la media es de dieciseis demandas por cada diez mujeres extranjeras para cada comunidad y trimestre.