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lunes, 8 agosto, 2022

Línea directa para eludir la okupación: «Buenos días, hay gente extraña en casa»

Plan de choque para combatir el inconveniente de la usurpación en la Comunidad de la capital española. El Gobierno regional dio a conocer el día de ayer el servicio ciento doce Ocupación , «con ‘c’», en palabras del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López; un teléfono de atención inmediata al ciudadana para hacer en frente de este fenómeno. En nuestros días, hay perjudicadas unas cuatro.300 residencias, de las que la mitad pertenecen a la Agencia de la Residencia Social (AVS) , el viejo Ivima. El número (novecientos doscientos cinco mil ciento doce) va a estar activo de setecientos treinta a veintitres y treinta horas por dos operadores y un agente de la ley (solo en la franja matinal), a la espera de incorporar próximamente un turno por la noche. A pesar de no estar anunciada, en las un par de semanas anteriores a su presentación la línea ha recibido ciento cincuenta llamadas, veinte de ellas por temas exclusivos de okupación . El día de ayer, un agente de la ley local de uno de los cuatro municipios que han cedido agentes para desempeñar esta labor fue el responsable de enseñar a las autoridades y medios el nuevo sistema: –Buenos días. –Estoy en Arganda del Rey, en la calle Lillo, número tres, y veo a gente que está moviéndose, gente extraña, y están en una casa que creía que estaba desocupada. –Dígame su nombre si es tan afable, por favor. –Sí, Antonio Ruiz. –Calle Lillo, ¿cierto?? –Sí, calle Lillo, número tres. Y es que esa casa estaba desocupada y ahora veo a gente que además de esto entra por las ventanas. –Perfecto, puesto que haremos una cosa, activamos a la Policía Local de Arganda del Rey y comprobamos a través del Instituto de Registradores de la Propiedad la titularidad de la residencia para facilitar la dotación policial que se acerque hasta allá, a fin de que pueda contrastar si corresponde o no con los dueños actuales. ¿Le semeja bien? –Muy bien. Una vez terminada la llamada, va a ser el tiempo el que determine la manera de proceder: si la usurpación se ha producido en las primeras cuarenta y ocho horas , los agentes telefónicos del centro de Coordinación Municipal (Cecom), la herramienta de coordinación entre la Administración regional y los consistorios que integra el servicio, efectuarán un primer análisis de la situación a fin de valorar si se dan las circunstancias precisas para derivar el caso al ciento doce, de tal manera que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales puedan actuar inmediatamente. Para esto, los uniformados realizarán una calificación jurídica, excepto los expedientes más complejos, que van a poder ser trasladados a uno de los dos inspectores de residencia que asimismo participan en este programa. Si la intervención policial no es posible, los perjudicados pasarían a percibir ayuda mediante las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD), al ser consideradas ahora las okupaciones como semejantes. Además de esto, van a recibir asistencia jurídica para conocer las posibilidades que tienen los lícitos dueños en el momento de proteger su propiedad en los tribunales. El consejero López cumple así con el encargo de la presidente Isabel Díaz Ayuso, 3 años tras lanzar la promesa electoral . «La Comunidad de la villa de Madrid da un paso al frente, diciendo no, alto y claro a los delitos relacionados con la ocupación ilegal de residencias. Lo hacemos acorde a nuestro marco competencial y con pleno respeto a la legalidad vigente», remarcaba el día de ayer el propio López, con la certidumbre de taponar el último resquicio de los usurpadores. «Contamos con un protocolo social de actuaciones en procedimientos de desalojo», agregaba, siendo consciente de que una de las condiciones que aprovechan para impedir la obtención de autorización judicial es la presencia de personas pertenecientes a colectivos frágiles o con peligro de exclusión social, primordialmente menores. Cabe rememorar que este servicio se centra sobre todo en las entradas ilegales sin título habilitante , esto es, ciertas okupaciones directas (las conocidas como ‘patada en la puerta’) e indirectas (entrar a una casa vacía o propiedad de un banco). Quedan fuera, por lo tanto, las inquiokupaciones (personas que alquilan una residencia y dejan después de abonar). «Vemos positivo que por vez primera nos den la consideración de víctimas», señalaba el día de ayer a ABC el portavoz de la Plataforma Perjudicados por la Ocupación, Ricardo Bravo. Este colectivo lleva tiempo observando que apenas hay allanamientos, por lo que las entradas en pisos vacíos es uno de los focos a combatir . «Hay pequeñas medidas que favorecen mucho los inconvenientes iniciales, mas echamos de menos la inquiokupación», seguía, sin dejar de rememorar que «todo esto son parches por el mal desarrollo de decreto del escudo social».

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