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martes, 15 junio, 2021

Los servicios sociales zozobran en plena crisis postpandémica

  • La pandemia tresdobló la demanda de hogares necesitados, mas la plantilla prosigue atascada y sin medios contra la pobreza

  • Los trabajadores sociales se reconocen «frustrados», «desbordados» y también «inútiles» ante la carencia de inversión pública

«Es como su tuvieses una herida muy profunda y solo una tirita para sanarla… Parecemos un centro de salud de guerra». Es de esta forma como una trabajadora de los Servicios Sociales del Raval, en Barna, describe su trabajo. El centro fue ocupado hace una semanas por activistas que protestaban tras el enésimo desahucio en el distrito. En la capital catalana, y en toda Catalunya, los profesionales de la atención social más básica se confiesan «colapsados», «sobresaturados», «angustiados» y «defraudados». Faltan manos, horas y medios para asistir a los más frágiles a salir del pozo de la miseria que, día tras día, traga a más familias. Las administraciones sabían que el sistema hacía aguas. Un año tras la que se aproxima como la peor crisis social en años, los trabajadores denuncian que están en el naufragio. «Claramente el sistema ha reventado», aceptan los institutos profesionales.

Ya antes de la pandemia del coronavirus prácticamente un millón de personas (novecientos cincuenta y 2 mil) iban a los Servicios Sociales en Catalunya, sesenta y ocho de media por mes. Mas en dos mil veinte medraron un trescientos cincuenta y dos por ciento y solo en el mes de septiembre de dos mil veinte se contabilizaron doscientos treinta y nueve mil quinientos uno usuarios. Asimismo se tresdoblaron el número de familias que precisaron una ayuda de extrema emergencia. En el mes de enero de dos mil veinte siete.350 hogares lo demandaron en frente de los veinte y setecientos de julio. Y para hacer en frente de toda esta desesperación solo hay tres mil cien empleados públicos: mil educadores sociales, mil setecientos trabajadores sociales y cuatrocientos administrativos que se confiesan destrozados sensible y anímicamente. Además de esto, Catalunya está bajo la media estatal en la inversión de los servicios sociales y de año en año tiene menos empleados, conforme comprueba la Asociación Estatal de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales. Los datos están sobre la mesa de la Conselleria de Drets Socials y constan en la Estrategia de Servicios Sociales del Govern para dos mil veinticuatro. Un documento que, en verdad, suplica una urgente revisión y más recursos para la única puerta del estado de bienestar que jamás cierra.

Empleados quemados

El día de hoy, lo que afirma el papel prosigue en el papel. La realidad en la trinchera es muy diferente. Tanto, que son cada vez más los profesionales que no pueden aguantar la presión a la que están sometidos. «Llevo múltiples meses con antidepresivos y pastillas para dormir. Pensé en cogerme la baja en verano, no podía más… mas entonces renuncié. Mis compañeros todavía estarían más excedidos y las familias necesitadas tardarían más en ser atendidas. Somos su última esperanza», se franca Sonia Baceiredo, trabajadora social de Montgat y miembro de la comisión de Servicios Sociales del Col·legi de Treballadores Socials de Catalunya. Como , las asociaciones profesionales comprueban que los empleados de este servicio están agotados. «La sensación es que no paramos jamás. Ni en el pico de la pandemia, ni después. Y lo más frustrante es no poder prosperar la vida de las personas que atendemos, nos quedamos en soluciones temporales y precarias», insisten desde la Reunión de Trabajadores Sociales del Raval.

Diferencias entre urbes

Las causas de este hundimiento son múltiples. Primeramente está la falta evidente de personal. La ley catalana de Servicios Sociales establece que cada urbe de más de quince habitantes debe tener 3 trabajadores sociales y 2 educadores sociales. «Esta ratio ya se probó deficiente con la crisis financiera», se protesta Mercè Civit, vicedecana del Col·legi de Treball Social de Catalunya. La Generalitat y los municipios financian estos centros mediante un contrato programa. Hay ayuntamientos que infringen esas ratios, conforme denuncian los trabajadores, y otros que debido al incremento de la demanda han ampliado la plantilla sin que el Govern se haga cargo. «Hay una desigualdad territorial brutal que además de esto no está cuantificada: no sabemos dónde se precisan más medios por el hecho de que ni tan siquiera tenemos un sistema que datos unificado. Cada municipio hace lo que desea, o bien lo que puede», lamenta Rosa Maria Monreal, presidente del Col·legi d’Educadors Socials de Catalunya.

Huelga en Barna

La carencia de personal implica, entre otras muchas cosas, una voluminosa lista de espera que puede llegar hasta los un par de meses en ciertas zonas. «Hablamos de familias que están al máximo, al filo de un desahucio o bien que no tienen nada para comer… no pueden aguardar un mes a que les atendamos», se protesta Encarna Roldán, trabajadora social en Barna. El consistorio, que ha contratado a cien profesionales más a causa de la pandemia, acepta una lista de espera para la primera visita de un par de semanas. «Mas la realidad es que no tenemos tiempo para ellos, como mucho podemos estar media hora y con jornadas de doce horas cada día, el agobio es brutal», añade Roldán. En verdad, en Barna la situación de hartazgo es tal que los trabajadores de los servicios sociales han citado una huelga para este lunes siete de junio.

Otro gran inconveniente es la carencia de recursos. «No podemos hacer nuestro trabajo», insisten los trabajadores. Realmente, la ley catalana establece que los Servicios Sociales son universales, y que deben abordar temas como la salud mental, el maltrato infantil o bien la violencia en el hogar de cualquier persona, esté o bien no bajo el umbral de la pobreza. A la práctica, solo asisten a ellos los que están al máximo y su trabajo termina consistiendo en un trámite burocrático. Conforme el Col·legi de Treball Social, se pasan más de la mitad de su jornada haciendo informes que acrediten la miseria que ven. «Lo que debemos hacer es asistir a las familias a salir del pozo, a solucionar los inconvenientes que les han hecho llegar hasta allá. Las ayudas puntuales no arreglan nada», insisten los empleados. En verdad, los servicios sociales no pueden ofrecer residencia social, ni tampoco rentas mensuales. «Por ley las ayudas que podemos dar son para 2 o bien 3 meses. El resto de ayudas dependen de otros servicios públicos que se despreocupan«, apunta Roldán.

Ni residencia ni rentas

Un caso son los pisos de alquiler social: deficientes y con eternas listas de espera que hacen cristalizar los incesantes desahucios. Otro, el drama de las rentas sociales que ofrece la Generalitat o bien el Gobierno Central. Los trabajadores denuncian demora de hasta 6 meses para gestionar la Renta Garantizada de Ciudadanía, o bien las incesantes denegaciones del Ingreso Mínimo Vital (IMV) del que solo se han admitido el veinticinco por ciento de peticiones, conforme los últimos datos del Ministerio de Inclusión. «Lo que pasa con el IMV es tal y como si tuviésemos miles y miles de vacunas cerradas a cal y canto y solo pudiésemos dar paracetamoles», apunta el presidente de la Asociación Estatal de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales, Jose Manuel Ramírez.

«Todos y cada uno de los servicios que cierran la puerta les afirman que vayan a servicios sociales. Nosotros somos el último eslavón y no podemos decirles que se vayan a otra parte… mas no tenemos soluciones dignas que ofrecer», resume Israel Ureña, representante sindical de Confederación General de Trabajadores de los servicios sociales en Barna. Esa es la gran frustración que está colapsando a los trabajadores. Tampoco ayuda que la administración, lejos de reconocer su tarea, todavía no les haya vacunado como colectivo esencial.

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