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lunes, 16 mayo, 2022

se queda con un solo CEO tras la renuncia de la jefe tecnológica

Cambios de calado en la bóveda de Indra. El conjunto semipúblico de tecnología y defensa ve de qué manera se desmonta el modelo de gobernanza desarrollado hace menos un año tras la salida del precedente presidente, Fernando Abril-Martorell. Entonces la compañía optó por dejar al nuevo presidente, Marc Murtra, sin poderes ejecutivos y nombrar dos consejeros delegados: Cristina Ruiz al frente del área tecnológica y de la asesora Minsait e Ignacio Mataix al cargo del negocio de transporte y defensa.

En pleno intento del Gobierno por fortalecer su control de Indra, el conjunto acaba con su sistema de bicefalia por la renuncia de Cristina Ruiz como CEO de Indra TI, tras más de una década en la compañía. En una asamblea de emergencia festejada este jueves por la tarde, el consejo de administración de la compañía admitió la renuncia de Ruiz y decidió poner al frente del área tecnológica a Luis Abril, mas con el rango de directivo general.

Abril, hasta el momento responsable del negocio de energía, industria y soluciones de administración empresarial, asimismo pasa a ser miembro del consejo de administración en calidad de consejero ejecutivo, conforme anunció el conjunto a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV).

Indra se queda con un presidente ejecutivo y con solo un consejero encargado, redibujando un especial sistema de gobernanza nacido para mitigar los recelos del mercado y de ciertos accionistas frente a lo que se comprendió como un intento de Moncloa de tomar el control de Indra con el nombramiento de Murtra como presidente. Los cambios y el nombramiento de Luis Abril como consejero aún han de ser apoyados por la junta de accionistas de la sociedad, convocada para el próximo veintitres de junio.

Los cambios se generan una vez que el Gobierno anunciase el pasado febrero su pretensión de acrecentar la participación accionarial de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Indra del dieciocho con siete por ciento al veintiocho por ciento , fortaleciendo el control público del conjunto tecnológico con la meta de crear un ‘campeón español’ en el área defensa.

El Gobierno justifica el movimiento accionarial por “la relevancia de fortalecer la participación del Estado como accionista de referencia en una compañía estratégica para el país, en especial en el campo de la seguridad y la defensa”, conforme resaltó el Ministerio de Hacienda. Desde SEPI se resaltó el “compromiso del Estado” con una compañía estratégica y vincula la necesidad de fortalecer la situación de control de forma directa con el desarrollo del Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS), del que forma parte España con Indra como líder industrial.

La resolución de fortalecer la situación estatal llegaba tras los últimos movimientos accionariales en Indra. En el último mes del año, la Empresa Financiera Alba, controlada por la familia March, vendió un cinco por ciento de la compañía al holding experto en Defensa SAPA y redujo su participación a solo un tres con veintiuno por ciento . Los March han manifestado su pretensión de desprenderse asimismo de ese bulto residual.

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